Escuela ¿pública?

¿Es pública la escuela pública?

Sin entrar a valorar la escuela concertada, que desde mi punto de vista no es más que una forma de financiar una formación y unos intereses privados a costa del dinero público, y centrando el tema en la escuela estatal, la cuestión de que si la escuela pública es tal debería tomarse desde dos puntos de vista distintos y, al mismo tiempo, complementarios.

Evidentemente, como escuela que depende del estado, sustentada con dinero público y con un personal que forma parte del funcionariado estatal, la escuela pública responde claramente a su definición. Otra cosa será el discutir si esos fondos, esa financiación es la necesaria y suficiente, si responde a las necesidades reales de la escuela pública y si se distribuye de la forma adecuada entre los centros y entre sus alumnos.

En cualquier caso habría que plantearse también si esa financiación estatal (su cuantía, distribución y control) responde al interés público, es decir, a las necesidades del alumno y su familia entendidos como ‘clientes’ a los que se debe dar un servicio adecuado.

Por otro lado, desde el punto de vista de su función, cabría plantearse si en realidad la escuela pública la realiza correctamente, es decir, si busca como primer y último fin ese interés público o lo que es lo mismo, si se preocupa única y exclusivamente por atender a las necesidades de los que anteriormente he venido a llamar ‘clientes’.

La respuesta en este caso debería ser, bajo mi punto de vista, que no lo hace.

Partiendo de la base de que las arcas del estado se nutren de los impuestos que paga la población y de que eso sirve para financiar, entre otras cosas, la educación, cabe la opción de utilizar el término ‘clientes’ en tanto que pagan de antemano al estado por un servicio. Y como en cualquier empresa, el cliente tiene el derecho de que ese servicio le sea dado correctamente.

Como ya he comentado, en cierta medida es discutible que desde el punto de vista económico eso se cumpla. Aun así, es evidente que sí cumple su función pública. ¿En la forma y medida adecuadas?. Eso es lo discutible.

Sin embargo, si tenemos en cuenta su vocación de interés público, es decir, de cubrir las necesidades de las familias y los alumnos que asisten a la escuela pública, hay muchos factores que intervienen y que impiden que esa función de interés público se cumpla. Desde un estado que cambia las leyes según el bando político, según las influencias externas que reciba y según unos criterios que en ocasiones no son aplicables, pasando por las editoriales que (como no podía ser de otra forma, pues al fin y al cabo son empresas) sólo buscan su beneficio, hasta llegar a unos profesores que (aunque es peligroso generalizar en este aspecto) se escudan muchas veces en su condición de funcionarios del estado para no implicarse en su trabajo más de lo necesario.

Esta última afirmación es la más discutible, en tanto que decir que los profesores no se implican en su trabajo supone una generalización nada cercana a la realidad. Desde la primaria hasta  la universidad, todos nos hemos encontrado con magníficos profesores que nos han enseñado y guiado con auténtica pasión en sus asignaturas. Sin embargo, no es menos cierto que también nos hemos encontrado con todo lo contrario, profesores ineptos, que hacían lo justo y necesario para pasar el curso.

Entonces... ¿quién y cómo se controla entonces la educación?, ¿cómo permitimos entonces que el estado regule unas leyes que en ocasiones no son fácilmente aplicables?, ¿cómo permitimos que las leyes cambien sin que se haya podido demostrar si la anterior era o no válida?, ¿quién delimita el ‘poder’ editorial?, ¿quién y de qué manera se controla la adecuada (o no) acción de esos funcionarios que son los profesores?.

¿Es entonces pública la escuela pública?. Habida cuenta de todos los elementos que influyen negativamente en ella cabría decir que no lo es. Al menos no en toda la extensión de la palabra.